El Mercurio Legal, Viernes 13 de Abril de 2018

«…Algunas empresas ya han internalizado que más allá del temor a las sanciones penales y sociales existe una oportunidad de mejorar su posicionamiento en el mercado mediante la adopción de valores corporativos basados en mejores prácticas de negocios, enfoque prospectivo que permite también mejorar su capacidad para retener y reclutar a los talentos…»

Por lo general, las empresas definen sus objetivos y prioridades en un plan estratégico que levanta los riesgos propios de su operación, identifica controles y establece un equipo ejecutivo confiable responsable de llevar a cabo esa estrategia. 

Lamentablemente es usual también que las compañías se olviden de considerar la promoción de la ética y las buenas prácticas de negocios como parte de ese plan, elemento crucial de la estrategia corporativa, y claramente un rol más del Directorio. 

Es bastante conocido el modelo elaborado por Robert Tricker para definir las principales actividades del Directorio, tanto internas como externas. Esa visión tradicional, sin embargo, ha sido modificada o expandida (por Jesús Estanislao), precisamente para considerar en ella la ética, la responsabilidad social y la cultura de gobierno interno o gobernanza como elementos esenciales en la gestión. 

Hoy no debiera haber discusión de que la ética de negocios debe formar parte de la estrategia de las compañías, así como también acerca del rol activo que cabe a los directores para que esto efectivamente ocurra. 

A continuación mencionaré dos hipótesis para explicar el por qué se requiere integrar la ética y compliance en la estrategia de la empresa. 

La primera de ellas se relaciona con políticas públicas: las malas prácticas afectan los mercados, a los consumidores, a los empleados, produciendo un impacto en la economía global. Es por ello que los gobiernos tienden a transferir el problema de la prevención de delitos a las empresas, haciéndolas responsables de su gestión. 

La segunda, cada vez más incidente, apunta al consumidor “hiperconectado” que está cambiando la forma de hacer las cosas con su poder de comunicación a través del uso de redes sociales. Hoy las malas prácticas tienen una respuesta inmediata; hay menos espacio para el secreto y la corrupción; menos espacio para «hacer negocios» utilizando malas prácticas. Desafiar esta realidad puede poner en juego la supervivencia corporativa. 

Se advierte que ambas hipótesis son prácticas y no se fundamentan en razones de altruismo. 

Algunas empresas ya han internalizado que más allá del temor a las sanciones penales y sociales existe una oportunidad de mejorar su posicionamiento en el mercado mediante la adopción de valores corporativos basados en el comportamiento ético y mejores prácticas de negocios, enfoque prospectivo que permite también mejorar la capacidad de una empresa para retener y reclutar a los mejores talentos. 

El foco de la gestión moderna debe estar en construir una cultura basada en valores y no solo en la emisión de reglas, basta pensar en las infinitivas posibilidades de conflictos de intereses para entender que no es posible que la legislación las cubra todas. 

Esto de transmitir los valores de la empresa a toda la organización representa un desafío relevante, pero hay bastante coincidencia en las legislaciones más recientes dictadas en la región y experiencia comparada acerca de algunos elementos que resultan cruciales para lograr este objetivo: i) el compromiso de alta dirección (tone at the top); ii) un buen código de conducta y un programa de capacitaciones potente y efectivo que asegure su difusión; iii) una correcta definición de los riesgos propios del negocio; iv) procedimientos y sistemas de detección y control; vi) líneas de denuncia que garanticen el anonimato del denunciante; vi) procedimientos de investigación eficientes; y vii) un líder a cargo de la gestión de estos procesos. 

Con todo, se visualizan algunas tareas pendientes para las naciones que están de verdad empeñadas en la lucha contra la corrupción: i) reforzar el rol de los directores en la integración de la ética como parte de la estrategia empresarial; ii) avanzar en la estandarización de los elementos o directrices de un programa de cumplimiento efectivo y la medición de su efectividad; iii) fijar roles claros y atribuciones en estas materias a un regulador independiente, que eviten que la ley sea letra muerta; y iv) finalmente, y aunque parezca obvio, la ley debe tener ”enforcement”, es decir, efectividad en su aplicación. 

La responsabilidad de las empresas en la prevención de delitos apunta en la dirección correcta, pero el desafío sigue siendo transformar estas leyes y reglas en los comportamientos esperados. 

* Patricio Véliz Möller es director académico del diplomado en Compliance  para Latinoamérica de Thomson Reuters, Director Legal de MC Compliance.

** Pasajes de esta columna corresponden a una exposición del autor realizada en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 2018, ante el “Anticorruption Working Group (ACWG)”, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 o “G20” y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico “OCDE”.

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